La legislación vigente sostiene que los graduados en Derecho en Galicia deben estar preparados para satisfacer en su actividad profesional los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la Ley de Normalización Lingüística tales como poder dirigirse en gallego a la Administración pública con sede en Galicia y exigir su uso.
Sección:
