El Gobierno de Andorra ha impuesto dos sanciones y abierto treinta expedientes por incumplimientos de la Ley del Catalán desde que finalizó la moratoria en enero. La medida busca garantizar el uso del catalán en la atención al público, aunque algunos partidos consideran que la aplicación de las sanciones es insuficiente.
Fuente: Diari de la Llengua
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