Según un informe, durante el periodo de tiempo que estuvo en funciones, el Gobierno español aprobó 52 medidas que establecían la lengua española como requisito obligatorio en trámites y gestiones de la ciudadanía en ámbitos como la documentación, el derecho de información, la enseñanza, el etiquetado, la solicitud de becas, etc.
Fuente: La Vanguardia
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