La proposición tiene como finalidad hacer que la oficialidad del catalán en la Administración de Justicia sea plenamente efectiva. De esta manera se daría cumplimiento no sólo a la legislación vigente sino también a las recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias.
Fuente: Generalitat de Cataluña
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