Hace ya dos años, las Cortes de Castilla y León aprobaban la reforma del estatuto de autonomía, un texto en el que se podía leer, en su artículo 5.1, que el leonés «será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación». A pesar de ello, y desde entonces, el gobierno autonómico no ha aprobado ninguna medida encaminada a llevar a efecto ese articulado ni dotarlo de fuerza legal.
Fuente: Diario de León
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