Este protocolo ha sido elaborado por diferentes agentes sociales de toda Europa implicados en la defensa de las lenguas minorizadas, de las minorías y de los derechos humanos. El documento contiene las condiciones mínimas necesarias que deben cumplirse para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, recogidos en la Declaración universal de derechos lingüísticos (Barcelona, 1996).

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