El Congreso inició la tramitación de una ley orgánica de plurilingüismo que pretende reforzar el uso de catalán, euskera y gallego en toda la Administración del Estado, incluida la Justicia, y garantizar que la ciudadanía pueda utilizar estas lenguas con plena validez jurídica. La norma introduce requisitos de competencia lingüística en el empleo público, cláusulas en los contratos y medidas específicas en consumo, transporte, medios y servicios. En el ámbito educativo establece que la lengua propia de cada territorio actúe como vehicular, con el objetivo de asegurar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano.
Fuente: El Diario
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