La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a impartir un 25% de clases en castellano, por lo que, para conseguir el consenso dentro del Gobierno, una fórmula puede ser un decreto ley en el que no se especifiquen porcentajes ni proporciones en la enseñanza y uso de las dos lenguas.
Fuente: La Vanguardia
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