El TSJC ordenó ejecutar de manera provisional la sentencia que anulaba parte del decreto de la Generalitat de 2024 destinado a reforzar el catalán como lengua vehicular en la escuela, aunque el Constitucional aún debe pronunciarse sobre la adecuación de la norma a la Constitución. Educación sostiene que la decisión no tendrá efectos prácticos inmediatos en los centros, pero el paso judicial reabre el pulso institucional en torno al modelo lingüístico. La resolución afecta a preceptos clave sobre el papel del catalán en la enseñanza, en la actividad administrativa y en la acogida del alumnado llegado del extranjero.
Fuente: El Diario
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