Según del TSJPV, la Administración local no puede imponer las exigencias de euskera del funcionariado al personal de las subcontratas que les presten servicios. Le da así la razón a CC. OO. y anula el punto del perfil lingüístico de un pliego de condiciones técnicas de un contrato a una empresa privada del Ayuntamiento de Barakaldo.
Fuente: NIUS
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