Se trata de la oferta de 34 plazas para la Fundación Uliazpi, un organismo autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa que presta servicios a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Según el TSJPV, la exigencia del euskera solicitada por la fundación para el 94 % de las plazas es excesiva, cuando la ley de normalización del euskera prevé el 65,5 %, y considera que el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana al empleo público es lo más importante.
Fuente: EITB
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